Cuando la digitalización reemplaza al derecho: el caso francés

Cuando la digitalización reemplaza al derecho: el caso francés

· Francia digitalizó su sistema registral reduciendo el control jurídico previo.

· El resultado fue la aparición de irregularidades, fraude y más de un millón de vehículos fuera de control.

· El problema no fue la digitalización, sino la sustitución del control jurídico por la carga de datos.

En los últimos años, distintos países han impulsado procesos de digitalización de sus sistemas administrativos con el objetivo de simplificar trámites, reducir costos y acelerar tiempos. En ese marco, Francia avanzó en una reforma profunda de su sistema de registración de vehículos, orientada a eliminar intermediaciones, automatizar procesos y permitir la intervención directa de actores privados en la carga de datos.

El objetivo era claro: ganar eficiencia.
El resultado, sin embargo, expuso un problema de otra naturaleza.

La reforma se estructuró sobre la idea de trasladar el centro del sistema hacia plataformas digitales, habilitando a concesionarios, gestores y otros operadores a intervenir directamente en la registración de vehículos. En ese proceso, el control jurídico previo —propio de los sistemas registrales tradicionales— fue progresivamente reducido.

La registración dejó así de ser el resultado de una verificación de legalidad para transformarse, en gran medida, en un procedimiento de carga de información. Y en ese desplazamiento se produjo el punto crítico.

Los efectos no tardaron en hacerse visibles. Distintos informes periodísticos y técnicos comenzaron a señalar la aparición de irregularidades que no eran aisladas, sino sistémicas: vehículos registrados con identidades falsas, empresas inexistentes como titulares, circuitos de fraude vinculados a la registración y unidades que escapaban al control efectivo del sistema.

Se estima que más de un millón de vehículos se encuentran hoy en Francia en condiciones irregulares o fuera del control adecuado del sistema. Desde el punto de vista fiscal, ello se tradujo en una pérdida aproximada de 550 millones de euros en recaudación.

Sin embargo, ese número —aun siendo significativo— solo refleja una parte del problema.

La pérdida fiscal es, en rigor, una consecuencia. El problema de fondo es la pérdida de control jurídico sobre la titularidad de los vehículos. Cuando el sistema deja de poder determinar con certeza quién es el titular de un bien, se debilitan todos los mecanismos que dependen de esa información: la atribución de responsabilidad, la trazabilidad de los bienes, la posibilidad de financiar operaciones y, en última instancia, la seguridad del sistema en su conjunto.

En ese contexto, el daño no es solo económico. Es estructural.

Las consecuencias tampoco se limitan al plano institucional o fiscal. Detrás de estas fallas aparecen las personas. Por un lado, quienes adquieren vehículos sin conocer su origen irregular, quedando expuestos no solo a la pérdida del bien, sino también a conflictos legales que, en determinados casos, pueden derivar incluso en imputaciones penales aún cuando hayan actuado de buena fe.

Pero el impacto más grave recae sobre quienes han sido víctimas del delito previo: el robo del vehículo. En muchos casos, estos hechos se producen con violencia, generando un daño que excede ampliamente lo patrimonial. Cuando el sistema registral pierde capacidad de control, no solo falla en la registración: facilita indirectamente la circulación y posterior “legalización” de bienes de origen ilícito.

A ello se suma una consecuencia económica relevante. Si se considera que Francia cuenta con un parque automotor cercano a los 38 millones de vehículos, la existencia de más de un millón de unidades en situación irregular no puede considerarse marginal. La incorporación de estos vehículos en el mercado del usado distorsiona precios, introduce incertidumbre y debilita la confianza en las transacciones. El mercado, en ese contexto, deja de ser previsible.

Es importante, sin embargo, identificar correctamente la causa del problema. La digitalización, por sí misma, no es el inconveniente. El problema radica en haber sustituido el control jurídico por la mera carga de datos.

Un sistema registral no existe para almacenar información. Existe para verificar derechos.

Cuando esa función se debilita, el sistema deja de cumplir su rol esencial.

En este contexto, puede advertirse que la sociedad francesa se encuentra hoy enfrentando las consecuencias de una decisión que, probablemente, tuvo un objetivo legítimo: modernizar y agilizar el sistema. Sin embargo, la implementación apresurada y la subestimación de la función jurídica del registro derivaron en un resultado distinto al esperado. Lo que se presentó como una mejora en eficiencia terminó generando efectos que impactan en la seguridad, en el funcionamiento del mercado y, en definitiva, en la vida cotidiana de las personas.

Casos como el analizado evidencian que las instituciones pueden verse afectadas no solo por su inercia, sino también por decisiones adoptadas sin una adecuada ponderación de sus efectos jurídicos y sistémicos. En ese sentido, Civium Journal se propone contribuir a ese análisis previo, no desde la reacción, sino desde la anticipación, examinando el funcionamiento real de los sistemas institucionales y señalando —desde una perspectiva técnica— aquellos aspectos que requieren especial cuidado. No se trata de oponerse al cambio, sino de contribuir a que las transformaciones se realicen sin debilitar las garantías que dichas instituciones están llamadas a proteger.

Conclusión

La experiencia francesa muestra que los procesos de modernización administrativa, cuando no preservan el control jurídico, pueden generar efectos que trascienden lo técnico y lo estrictamente jurídico.

No se trata únicamente de irregularidades administrativas o pérdidas fiscales. Se configura un entorno propicio para el desarrollo de múltiples formas de distorsión: evasión, fraude, circulación de bienes de origen ilícito y, en su origen, delitos que en muchos casos implican violencia.

Cuando el sistema deja de verificar quién es titular de un bien, no solo se debilita la registración. Se genera un marco que puede favorecer el delito en sus distintas manifestaciones.

La experiencia francesa, en este sentido, no es solo un antecedente.

Es una advertencia.

Porque no se trata de resistir el cambio, sino de evitar que el cambio debilite la función de las instituciones.

Este escenario plantea interrogantes relevantes para otros sistemas que buscan simplificar sus procesos registrales.

En el caso argentino, el debate sobre nuevas formas de registración —como el RUNA— obliga a reflexionar sobre cómo incorporar eficiencia sin perder el control jurídico que garantiza la seguridad del sistema.

Este punto será analizado en el próximo artículo.

❓ FAQ

¿Qué pasó con el sistema registral automotor en Francia?

Francia implementó un sistema digital que redujo el control jurídico previo, lo que derivó en irregularidades en la registración de vehículos.

¿Cuántos vehículos están fuera de control en Francia?

Se estima que más de un millón de vehículos presentan irregularidades o están fuera del control efectivo del sistema.

¿Cuál fue la pérdida económica?

Aproximadamente 550 millones de euros en recaudación fiscal, aunque el daño real es mayor.

¿El problema fue la digitalización?

No. El problema fue reemplazar el control jurídico por la simple carga de datos.

¿Qué impacto tuvo en el mercado?

Se generó incertidumbre, distorsión de precios y pérdida de confianza en las transacciones.

¿Qué otros efectos tuvo?

Facilitó el accionar de grupos delictivos al eliminar los controles previos a la adquisición del dominio. Gracias a ello prosperaron delitos que en muchos casos implican violencia, lavado de activos, etc.