Reformas al Registro Automotor: eficiencia, control y seguridad jurídica en el debate público.

En las últimas semanas, el funcionamiento del Registro de la Propiedad Automotor ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate público, a partir de distintos análisis y editoriales que cuestionan su estructura, sus costos y la lentitud de las reformas anunciadas. El eje de estas discusiones suele concentrarse en la eficiencia operativa, la digitalización de trámites y la necesidad de reducir cargas burocráticas.

Sin embargo, este enfoque parcial tiende a omitir una dimensión central: el Registro Automotor no es solo una oficina administrativa, sino una institución jurídica y económica cuyo diseño impacta directamente en la seguridad jurídica, en el mercado de bienes usados y en el propio equilibrio fiscal del Estado.

El objetivo de este artículo no es polemizar con el debate público, sino ordenarlo desde una perspectiva institucional, conectando los principales ejes de discusión con los elementos estructurales del sistema registral argentino.

Eficiencia y digitalización: objetivos legítimos, precisiones necesarias

La modernización tecnológica del Registro Automotor es una meta razonable y necesaria. La digitalización de trámites, la interoperabilidad de sistemas y la mejora en la experiencia del usuario constituyen objetivos legítimos de cualquier política pública. Sin embargo, el debate suele partir de un diagnóstico impreciso respecto de los tiempos del sistema: en la práctica, la gran mayoría de los trámites registrales se resuelven dentro de las veinticuatro horas hábiles, y muchos de ellos incluso en plazos menores.

La discusión, por lo tanto, no debería centrarse en una supuesta lentitud estructural del Registro, sino en cómo incorporar herramientas tecnológicas sin alterar los mecanismos de control que hacen posible esa celeridad con seguridad jurídica. El sistema registral automotor fue concebido como un registro constitutivo de dominio, en el cual la inscripción no es meramente declarativa, sino condición esencial para la adquisición y transmisión válida del derecho.

Este diseño explica la centralidad del control previo y de la calificación registral. La tecnología puede asistir y optimizar estos procesos, pero no sustituirlos sin alterar la naturaleza del sistema. Sobre este punto, Civium Journal ha desarrollado un análisis específico en El Registro Automotor como registro constitutivo de dominio.

El rol del Encargado de Registro y la responsabilidad patrimonial

Uno de los aspectos más sistemáticamente omitidos en el debate público es la singularidad de la figura del Encargado de Registro. A diferencia de otros funcionarios o agentes estatales, el Encargado ejerce una función pública bajo un régimen de gestión privada y responde con su propio patrimonio por los errores que cometa en el ejercicio de su función.

Esta característica convierte al sistema registral automotor en uno de los pocos —si no el único— casos en los que la responsabilidad patrimonial directa actúa como incentivo permanente de diligencia, control y profesionalidad. No se trata de un dato menor: la existencia de un responsable patrimonialmente expuesto reduce el riesgo sistémico, desalienta prácticas negligentes y refuerza la confianza de los usuarios y de los terceros adquirentes.

Desde esta perspectiva, el régimen de Encargados de Registro constituye una de las instituciones más liberales del Estado nacional, en tanto combina función pública, gestión privada, ausencia de financiamiento presupuestario y responsabilidad individual plena.

Costos fiscales ocultos de una supresión del sistema

Otra dimensión ausente en muchas propuestas de reforma es el impacto fiscal real de eliminar o desnaturalizar el sistema actual. El Registro Automotor, tal como funciona hoy, no demanda recursos del presupuesto general: el Estado no lo financia, ni sostiene su estructura operativa.

El modelo vigente se apoya en un principio simple pero eficaz: paga quien usa el servicio, y solo cuando lo usa. No existen costos fijos trasladados a la totalidad de los contribuyentes, ni estructuras ociosas sostenidas por impuestos generales.

La supresión del sistema de gestión privada implicaría, necesariamente, la creación de:

• una nueva estructura administrativa estatal,

• cargos presupuestarios permanentes,

• sistemas de control interno,

• y mecanismos de responsabilidad que, en la práctica, rara vez alcanzan la eficacia del régimen patrimonial directo.

Lejos de reducir costos, este escenario trasladaría al Estado —y al conjunto de los contribuyentes— gastos que hoy solo asumen los usuarios del sistema registral.

Seguridad jurídica y mercado de bienes usados

El debate sobre reformas suele soslayar un efecto particularmente sensible: el impacto del Registro Automotor en el mercado formal de vehículos usados. La certeza registral no solo protege derechos; también crea valor económico, viabiliza transacciones y permite la existencia de un mercado transparente y trazable.

La relajación de la calificación registral o su sustitución por sistemas automáticos sin control previo comprometería esa certeza. Como se ha analizado en Transferibilidad registral y valor económico en el mercado de vehículos usados, un bien cuya titularidad no puede verificarse con seguridad no solo pierde valor: tiende a salir del circuito formal de comercialización, afectando a comerciantes, consumidores y al propio fisco.

Una lectura institucional del debate

La discusión sobre el Registro Automotor no debería plantearse en términos de “burocracia versus modernidad”, sino como una evaluación integral de costos, beneficios y riesgos institucionales. La tecnología puede y debe mejorar procesos, pero no reemplazar los principios jurídicos que garantizan la seguridad del tráfico y la confianza del mercado.

Eliminar o vaciar de contenido al Registro Automotor tal como funciona hoy no implica simplemente un cambio administrativo: supone alterar un equilibrio institucional que ha demostrado, con imperfecciones, ser eficaz para reducir el fraude, ordenar la circulación de bienes y proteger a terceros.

Desde esta perspectiva, cualquier reforma razonable debería orientarse a modernizar sin desnaturalizar, fortalecer el control sin incrementar el costo fiscal y preservar un sistema en el que la responsabilidad, la eficiencia y la seguridad jurídica no se excluyen, sino que se complementan.

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